Resumen: La expulsión del ordenamiento jurídico de determinados preceptos del TRLHL por la STC 182/2021, no conduce necesariamente a calificar de antijurídico el abono de determinadas cantidades en concepto del IIVTNU o que esas cantidades, por equivalencia, constituyan un daño efectivo desde la perspectiva de la responsabilidad patrimonial. Para llegar a tal conclusión es preciso que se acredite a través de los medios de prueba establecidos en el ordenamiento tributario, que el hecho imponible no se ha producido o que se ha producido en cuantía distinta a la establecida por la Administración con su método de estimación objetiva o bien que las reglas de cálculo aplicadas eran incorrectas.
Resumen: Responsabilidad por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. Falta de notificación de la fecha de lanzamiento efectuado. La Sala recoge relación de los hechos de que trae causa la reclamación, resaltando que el recurrente no ha incorporado a las actuaciones lo referido a la notificación del lanzamiento acordado por la Unidad de Desahucios del Servicio Común General, así como que al ser parte podía obtener los particulares de interés para su aportación a la reclamación. Afirma la Sala que el recurrente presenta escrito quejándose del lanzamiento sin su conocimiento menos de dos horas después de su inicio, lo que permite presumir que si bien no consta como presente en el acta sí que estaba presenciando el acto, aun a distancia, pero con suficiente e inmediata constancia de lo que ocurría. También se afirma que no consta que tuviera a su inmediata disposición otro local donde ubicar los enseres que había en el local objeto de desahucio, con el fin de seguir con su actividad, ni la base de la rentabilidad que reclama (la documentación fiscal que se ha presentado al efecto -IRPF 2020- evidencia un rendimiento neto negativo por actividades económicas).
Resumen: La Sala desestima el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento condenado contra la sentencia por la que se estimó en parte el recurso de responsabilidad patrimonial de la Administración por la realización de una carrera de autos locos sin medidas de seguridad que impidieran la salida por recorrido no permitido con resultado de atropello. Que las pruebas personales se practicasen frente a magistrado distinto no invalida la resolución. Objeto del recurso de apelación: plenitud de competencia de revisión por el órgano que la examina. Quien conducía era un menor no constando los requisitos para participar en esa actividad lúdica en cuestión y en este caso no existían medidas que garantizasen la seguridad de las personas en la vía pública. En cuanto a la adhesión, se estima elevando la cuantía indemnizatoria.
Resumen: Se estima parcialmente la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada frente a la resolución del Conseller de Medio Ambiente y Territorio, mediante la cual se inadmitió la reclamación presentada por frustración y pérdida de las prendas constituidas contra la empresa "Promotora Tecno Habitat Mallorca, S.L.". Se anula la inadmisión a trámite, que se sustenta en considerar la reclamación presentada carente de fundamento,al no apreciar que la petición formulada careciese de una mínima virtualidad fáctica y/o jurídica que conllevase a rechazar su análisis de fondo. Se desestima,en cuanto al fondo, el recurso interpuesto. La actora pretende que se condene a la administración demandada para que abone a la actora el importe total entregado a TECNO HABITAT en concepto de indemnización por responsabilidad patrimonial a la que fue condenada la Administración autonómica por Sentencia del Tribunal Supremo. Se desestima el recurso destacando que la actora o fue la adquirente ni tampoco la cesionaria de un derecho de crédito indemnizatorio futuro correspondiente a la entidad actora en el procedimiento de responsabilidad patrimonial seguido frente a la administración autonómica sino que la actora adquirió unos derechos de crédito frente a Tecno Habitat, procedentes de dos préstamos hipotecarios garantizados con prenda,no postulando una acción de responsabilidad patrimonial sino la cesión del crédito indemnizatorio y sin que concurran los presupuestos de una actuación antijurídica.
Resumen: Responsabilidad por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. Detención, entrada y registro en domicilio, decomiso de armas inutilizadas y devolución de las mismas en mal estado. La Sala recoge doctrina y jurisprudencia sobre los requisitos para la exigencia de responsabilidad de la administración. Diferencia entre funcionamiento anormal y error judicial. Afirma la Sala que, en el caso examinado, se cuestiona el acierto de resoluciones judiciales, cuyo cauce previsto es el artículo 293 LOPJ, que no se ha seguido. También se examina si ha existido dilación indebida en la tramitación de la causa, recogiendo doctrina y jurisprudencia sobre dicha materia. Complejidad del litigio, márgenes ordinarios de duración, interés del recurrente, conducta procesal del interesado y actividad del órgano judicial. Dilación no acreditada.
Resumen: Responsabilidad por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. Suplantación de identidad por parte de la hermana de la reclamante. La Sala resalta la singularidad del caso, pues se dictaron resoluciones judiciales que la confirmaban como autora de los hechos. La identidad de la recurrente se resolvió motivadamente en sentencia, manteniéndose dicha conclusión en resoluciones judiciales posteriores lo que conduce al marco del error judicial del art. 293 de la LOPJ. La denegación de la nacionalidad, origen de la reclamación apreció la falta del requisito de buena conducta cívica. Doctrina y jurisprudencia sobre funcionamiento anormal y error judicial. Se afirma que las resoluciones judiciales no han sido declaradas erróneas, no siendo viable su valoración fuera del ámbito del error judicial. En todo caso, se examina la inexistencia de nexo causal en el caso examinado y se destaca la firmeza de la denegación de la nacionalidad, confirmada judicialmente.
Resumen: Se estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento demandado frente a la sentencia de la instancia en la que, estimando el recurso interpuesto se declaraba la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Palma por los daños sufridos por la recurrente, tras una caída en la vía pública, condenándole a indemnizarla con 36.477,72€ reconociendo, en su lugar, el derecho a ser indemnizada con 18.238,86 € más los intereses legales procedentes al apreciar la concurrencia de culpas en un 50%. Se estima íntegramente el recurso,en la instancia, al acoger la versión de la recurrente declarando que la acera por la que caminaba se encontraba, n fuerte pendiente, con la baldosa de cemento (panot) desgastada y deslizante, por lo que la caída se produjo al resbalar en la acera que estaba mojada a consecuencia de la lluvia.Y siendo, la causa de la misma,el desgaste de las baldosas de la acera, inadecuadas para la fuerte pendiente por la que bajaba, y que las hacen extremadamente deslizantes. Se revoca parcialmente la sentencia apelada en lo relativo al quantum indemnizatorio al discrepar, en la valoración de la prueba del eventual desgaste de la baldosa. Se aprecia la concurrencia de culpas al concluir que confluye, por un lado, el pavimento mojado por la lluvia, con la pendiente de la acera, con la obligación del viandante de extremar su cuidado y atención. Por lo que ello debe moderar la indemnización reconocida al no prestar,la actora,la atención adecuada.
Resumen: Desestimación de recurso interpuesto contra resolución del Pleno del CGPJ desestimatoria del r. de alzada deducido contra Acuerdo de la Comisión Disciplinaria del CGPJ. Sanción de suspensión de funciones por 6 meses a una magistrada.La demandante alega vulneración de los ppios.de tipicidad y culpabilidad, argumenta que el retraso en el despacho que se le achaca trae causa en el incrementos de asuntos que han tenido entrada en el juzgado. Añade la falta de legitimidad del CGPJ por no nombrarse a los vocales de origen judicial por sus pares. La sentencia recuerda los criterios para apreciar la existencia de retraso en la función judicial:la situación general del órgano judicial, el retraso existente y la dedicación del juez o magistrado. Se concreta que el cumplimiento de los módulos es un criterio relevante para valorar la eventual responsabilidad o la ausencia de ella del titular de un órgano judicial respecto de la situación de este, pero que por sí mismo no exonera automáticamente de responsabilidad, es necesario examen caso por caso. En este caso, el índice de cumplimiento de los módulos no exonera de responsabilidad dado el grave retardo del juzgado. No se ha acreditado la carga excepcional de trabajo ni una situación personal justificativa. Conformidad a derecho de la composición del Pleno del CGPJ aunque hayan intervenido en él los Vocales de la Comisión Disciplinaria que hubiesen adoptado el acuerdo objeto de revisión por el Pleno.
Resumen: La cuestión con interés casacional consiste en determinar si el sujeto que soporta las cuotas del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos por imposición legal, en virtud de lo dispuesto en el artículo 14.1 del Real Decreto 520/2005, que aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, está legitimado para solicitar la devolución de eventuales ingresos indebidos con fundamento en la contravención de la norma que regula el tipo autonómico con el Derecho de la Unión Europea, o por el contrario, está obligado a acreditar que con la obtención de la devolución pretendida no se beneficiaría de un enriquecimiento injusto y, en particular, que las cuotas cuya devolución solicita no han sido trasladadas vía precios al consumidor final, adquirente de los carburantes. Cuestión resuelta en la STS 20 de septiembre de 2024 (rec. 1560/2021).
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo consiste en determinar si el sujeto que soporta las cuotas del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos por imposición legal, en virtud de lo dispuesto en el artículo 14.1 del Real Decreto 520/2005 , que aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, está legitimado para solicitar la devolución de eventuales ingresos indebidos con fundamento en la contravención de la norma que regula el tipo autonómico con el Derecho de la Unión Europea, o por el contrario, está obligado a acreditar que con la obtención de la devolución pretendida no se beneficiaría de un enriquecimiento injusto y, en particular, que las cuotas cuya devolución solicita no han sido trasladadas vía precios al consumidor final, adquirente de los carburantes.
